Han pasado casi once años desde que los líderes ashéninka de la comunidad Alto Tamaya-Saweto —Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo— fueran brutalmente asesinados por denunciar la tala ilegal en su territorio.

Finalmente, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la sentencia contra los homicidas. Los han conminado a penas de más de 28 años de prisión efectiva. Es, por lo tanto, un acto de reparación largamente esperado por sus familias y los defensores ambientales en el Perú.

Sin embargo, es fundamental decir que queda mucho por hacer. La justicia solo será completa cuando los sentenciados estén tras las rejas, se garantice la seguridad de las viudas, huérfanos y demás familiares que continúan viviendo bajo amenaza

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