El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) enfrenta una creciente presión institucional y social para definir criterios claros y equitativos en el tratamiento de internos que, por su perfil político o mediático, no encajan en la categoría de “presos comunes”. Casos recientes como el del expresidente Martín Vizcarra, trasladado nuevamente al penal de Barbadillo tras una polémica decisión administrativa, y el de la expremier Betssy Chávez, quien denuncia hostigamiento y corrupción en el penal de mujeres de Chorrillos mientras protagoniza una huelga de hambre seca, evidencian vacíos normativos y riesgos de manipulación política en el sistema penitenciario.

La reubicación de Vizcarra, decidida por el INPE tras una solicitud del Ministerio de Justicia que apelaba al “honor” de haber ejercido l

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