La ciudad de Washington D.C. ha presentado una demanda contra el presidente Donald Trump y el Ejército por el despliegue de la Guardia Nacional en la capital. La acción legal, interpuesta el jueves por el fiscal general de D.C., Brian Schwalb, sostiene que este despliegue viola la Constitución y la ley federal. Según la demanda, el envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional se realizó sin el consentimiento de los líderes locales, lo que infringe el principio de que el ejército no debe participar en la aplicación de la ley nacional.

La demanda se produce tras un fallo de un juez federal en California, que determinó que el gobierno de Trump había violado la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas militares en actividades civiles de aplicación de la ley. Schwalb argumenta que el despliegue de la Guardia Nacional es "innecesario e indeseado", y que representa un peligro para los residentes de la ciudad. "Ninguna ciudad estadounidense debería tener al ejército de EE.UU. patrullando sus calles", afirmó Schwalb.

La demanda también señala que las acciones del gobierno han causado un daño irreparable a la autonomía de la ciudad, erosionando la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden, y afectando negativamente la economía local al desalentar el turismo y perjudicar a los negocios. Schwalb enfatizó que "hoy es D.C., pero mañana podría ser cualquier otra ciudad" y que esta acción busca poner fin a lo que considera un abuso federal ilegal.

El presidente Trump justificó el despliegue de tropas en D.C. como parte de su estrategia para combatir el crimen en la capital, que incluye el aumento de agentes federales. Sin embargo, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha expresado que la presencia de la Guardia Nacional "no está funcionando" y ha criticado el costo de aproximadamente un millón de dólares al día que los contribuyentes deben asumir por este despliegue.

La demanda también se produce en un contexto más amplio, ya que Trump ha amenazado con enviar tropas de la Guardia Nacional a otras ciudades, como Chicago y Nueva Orleans. La administración Trump ha defendido sus acciones, señalando una disminución en la delincuencia violenta desde el refuerzo de las fuerzas del orden federales. Sin embargo, los críticos continúan cuestionando la necesidad y la efectividad de la presencia militar en la ciudad.