La representante a la Cámara impulsa una investigación tras detectar cambios en certificados y requisitos: “Es una denuncia por posible corrupción en documentos públicos”.

Las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, han generado una controversia que involucra a órganos de control, entidades del Gobierno y voces del Congreso.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha cuestionado abiertamente la legalidad del proceso, señalando posibles inconsistencias en los requisitos exigidos para el cargo y alertando sobre una posible alteración de documentos oficiales.

Asimismo, la congresista ha hecho públicas sus preocupaciones sobre los criterios utilizados para la designación.

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