El cambio de adjudicatario del sistema de seguimiento telemático de pulseras antimaltrato impulsado por el equipo de Irene Montero provocó un recorte en el coste medio por dispositivo de 591 a 384 euros al mes, un ahorro del 35% para las arcas públicas. En lugar de unos pliegos que premiaran la calidad de las pulseras, el principal criterio era el precio y a la postre se obtuvieron unos aparatos que daban múltiples fallos, lo que se sumó a que no arrastraban los datos de la etapa anterior con la primera empresa encargada.

El contrato adjudicado en 2021 costaba 36.741.000 euros durante 28 meses para 2.220 dispositivos activos inicialmente. Sólo se presentó una oferta a aquella licitación. En 2023, la nueva empresa se adjudicó el servicio por 35.226.395 euros durante 30 meses. El sistema había crecido hasta alcanzar los 3.056 dispositivos activos, según los datos oficiales que aparecen en los pliegos .

La transición tecnológica no ha estado exenta de problemas . Como ha adelantado en primicia OKDIARIO, la Fiscalía General del Estado ha reconocido en su memoria anual que el cambio de sistema provocó fallos durante la migración de datos . Estos errores han derivado en «sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias » al perderse registros de localización anteriores a marzo de 2024.

El sistema de seguimiento telemático se implantó en España en 2009 para controlar el cumplimiento de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. Desde entonces Igualdad dice que ha demostrado su eficacia , evitando homicidios en el 100% de los casos en los que estaba activo. El problema es que durante los últimos meses las mujeres prefieren desactivar el dispositivo porque no para de fallar.

La crisis reciente ha suscitado críticas políticas transversales. El PP ha exigido la dimisión de Ana Redondo , actual ministra,  por «irresponsabilidad criminal» y ha solicitado una auditoría independiente para esclarecer la dimensión del problema. Su portavoz parlamentaria ha denunciado que el Gobierno «fue advertido » y «desprotegió a las mujeres a sabiendas».

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido al Ministerio, argumentando que «todo puede fallar » y que el problema está resuelto. Sin embargo, ha admitido «desconocer con exactitud lo que ha pasado», lo que evidencia cierta descoordinación gubernamental sobre un asunto de máxima sensibilidad.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica había advertido en enero de 2024 sobre los riesgos del cambio de proveedor. Su entonces presidenta, María Ángeles Carmona, denunció que las nuevas pulseras eran « más fáciles de manipular e incluso de retirar» y que en AliExpress aparecía el modelo adquirido. Se negó a firmar un protocolo de colaboración con Igualdad en este tema.

El aumento de dispositivos refleja la extensión progresiva del sistema. Durante 2020 se realizaron «un total de 1.585 instalaciones y de 942 desinstalaciones», mientras que en 2022 las cifras ascendieron a «2.056 instalaciones y 1.620 desinstalaciones ». Esta expansión permitió diluir los costes fijos del servicio entre un mayor número de unidades.

Los fallos técnicos han afectado a cerca de 4.500 dispositivos que estaban activos en el momento de la transición. La imposibilidad de acceder a los datos históricos de movimiento ha impedido acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento en procesos judiciales, generando un preocupante vacío probatorio. Abogados especialistas trasladan que han tenido casos de maltratadores que se han ido de rositas en los juzgados por esta falla del sistema.

El centro Cometa, encargado de la gestión del sistema, no ha podido responder a incidencias relativas a los meses previos a marzo de 2024. Esta carencia ha derivado en absoluciones por falta de pruebas concluyentes.

Carmona relató casos en los que las pulseras no dieron avisos a pesar de que los agresores se encontraban cara a cara con las víctimas. También mencionó situaciones en las que agentes policiales encontraron pulseras desactivadas en la calle sin que se hubiera avisado a los jueces.

La duración media de las medidas controladas ha experimentado variaciones. En 2020 fue de «387,28 días» para las 942 desinstalaciones realizadas, mientras que en 2022 alcanzó los « 450,27 días » respecto de las 1.620 desinstalaciones, reflejando una mayor duración de las órdenes judiciales.

Tensión Igualdad-Fiscalía

A pesar de que Ana Redondo tenía buena sintonía con el procesado Álvaro García Ortiz –llegó a invitarle en público a una «cenita» privada de confraternización tras su imputación–, ahora la ministra de Interio r carga contra el Ministerio Público por avisar en su memoria de esta chapuza.

Redondo ha mostrado su « malestar » público con las cifras aportadas por el Ministerio Fiscal, llegando a cuestionar la competencia técnica de los fiscales para evaluar la magnitud del problema.

La revelación de OKDIARIO de que una empresa israelí mantenía encriptados los datos del sistema anterior ha destapado la opacidad del modelo de subcontratación por una gran teleoperadora española. Esta circunstancia, no especificada en los pliegos originales , explica las dificultades técnicas de la migración y plantea interrogantes sobre la supervisión ministerial de contratos críticos. La dependencia tecnológica de terceros países en servicios de seguridad genera nuevas preocupaciones estratégicas. Redondo confirma la existencia de esa empresa israelí pero confirma que está resuelto con trabajadoras del ministerio que dan fe en los juzgados cuando los datos no están accesibles.

La fórmula exacta adoptada durante los meses críticos de enviar trabajadoras del centro Cometa « directamente a declarar en el juicio» evidencia el colapso temporal del sistema tecnológico. Esta solución artesanal, que convirtió a las operadoras en testigos presenciales de datos inexistentes, ilustra la improvisación ministerial ante una crisis que había sido advertida. La sustitución de la tecnología por el testimonio humano revela la precariedad del sistema durante la transición.

Ahora Redondo anuncia una nueva licitación para 2026 con «mayor duración», lo que sugiere que el Ministerio ha aprendido las lecciones de la crisis actual. Esta extensión temporal busca evitar futuras transiciones traumáticas y permitir una amortización más eficiente de las inversiones tecnológicas.