El exministro José Luis Ábalos ha salido al ruedo este domingo para defender con uñas y dientes los pagos en metálico del PSOE que le abona en sobres, tachándolos de «legales y justificados» y acusando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de una «intencionalidad tendenciosa» en su informe al Tribunal Supremo. En un mensaje en la red social X, Ábalos resta hierro a los 95.000 euros en «desembolsos» sin rastro bancario, afirmando que «no llega ni a un problema fiscal» y que incluyen «aguinaldos» o «bizums» familiares. Critica, además, la investigación sobre el alquiler en Cádiz como un «descuadre» por facturación no pagada, no por dinero negro.

La Defensa en X: «Pagos Legales, No Hay Incremento Patrimonial»

En el gran teatro de la política española, donde la presunción de inocencia se ve a menudo como un accesorio prescindible en el arsenal de la acusación, José Luis Ábalos ha optado por el contraataque directo desde la red social X. «Como bien ha corroborado el PSOE, todos los pagos son legales y están justificados, y suelen corresponder a liquidaciones de gastos por caja y siempre los he justificado con sus correspondientes notas y comprobantes, como siempre me ha gustado hacerlo», ha asegurado el exministro, respaldándose en la versión socialista que niega cualquier financiación ilegal y afirma que todos sus ingresos están declarados.

Ábalos, ahora diputado en el Grupo Mixto y figura central en el «caso Koldo», ha cargado con vehemencia contra la UCO por reflejar una «intencionalidad tendenciosa» en el informe remitido al Tribunal Supremo, que cataloga esos 95.000 euros como de «procedencia desconocida». «Es precipitado que se cataloguen esos 95.000 euros como procedencia desconocida sin haberlo investigado previamente», ha sostenido, añadiendo que la cantidad, repartida en diez años, «no llega ni a un problema fiscal». En un tono que destila ironía, ha aclarado que entre esos gastos hay conceptos mundanos como «un simple aguinaldo en Navidad para sus hijos, un bizum o un gasto de viajes, así como la venta de un coche o un restaurante».

Acusaciones de Sesgo: «La UCO Suplanta al Tribunal de Cuentas»

El exministro no ha escatimado en críticas a la metodología de la UCO, insinuando un «sesgo» evidente en la elaboración de sus conclusiones. «La UCO se ha hecho público el informe a través de la prensa antes de ser notificado a las partes», ha lamentado, acusando a los agentes de tener una «intencionalidad tendenciosa» y un «sesgo» para «reforzar de forma predeterminada y subjetiva la presunción de culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia». Ha insinuado, además, que la UCO no ha realizado «debidamente las indagaciones y diligencias oportunas de comprobación» antes de sacar conclusiones, un reproche que, según él, deja en evidencia que «para la justicia, a la hora de elaborar sus autos de procesamiento, va a quedar en lo que ellos dicen».

Ábalos ha recordado que sus cuentas fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, «que dio su visto bueno», y ha criticado que «una vez más la UCO suplanta a dicho tribunal con su verdad absoluta». «No hay incremento patrimonial ni hay fondos exagerados», ha insistido, lamentando que la investigación termine escudriñando «mi vida privada, mi estilo de vida, que es lo que está quedando y es algo absolutamente innecesario». En un guiño al núcleo del caso, ha recordado que «lo que se está investigando en verdad es si hay dinero procedente de esas mordidas millonarias que me han atribuido», y ha arremetido contra «los que apresuradamente lanzan ya sus sentencias en base a nada» que hablan de «financiación ilegal, blanqueo de capitales o sobresueldos».

El Alquiler en Cádiz: «Descuadre por Facturación No Pagada, No Dinero B»

En un segundo mensaje en X, Ábalos ha desmontado otro flanco del informe: el arrendamiento de la empresa Have Got Time SL del inmueble en la urbanización «La Alcaidesa» (Cádiz). Según la UCO y la Agencia Tributaria, constan pagos de 15.000 euros, pero Ábalos solo aportó justificantes por 7.500 euros, lo que lleva a concluir que el resto se abonó en «B». «La UCO concluye que los 7.500 euros restantes han sido abonados en B, cuando realmente está confundiendo la facturación devengada con los pagos reales», ha aclarado el diputado.

«La UCO no sabe que las empresas están obligadas a declarar la facturación con independencia del pago», ha argumentado, explicando que el «descuadre» surge porque la propiedad le amenazó «con el desahucio» y le reclamó las mensualidades impagadas, «no porque pagara en negro, sino porque simplemente no se han abonado, no existe el pago». Ha cuestionado con ironía: «¿Por qué ha de inferir un pago de 7.500 euros en B cuando tienen conocimiento documentado de la reclamación por parte de la propiedad de los arrendamientos no satisfechos? ¿Es este otro ejemplo más de falta de rigor o es una evidencia otra vez de sesgo en la investigación?».