El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a los funcionarios de prisiones la realización de cursillos de « resolución de conflictos » para poner freno a las agresiones que están sufriendo por parte de los internos. Todo ello a pesar de que las agresiones a funcionarios de prisiones se han disparado un 125% desde que el líder socialista es jefe del Ejecutivo. El Gobierno, sin embargo, descarta la reforma del Reglamento Penitenciario para sancionar a los presos más violentos.

Se produjeron 223 agresiones en el primer año de Gobierno de Sánchez, una vez que se aprobó la moción de censura del secretario general del PSOE contra el entonces líder del PP, Mariano Rajoy . En 2024, último año de los que hay datos, se contabilizaron 505 . Es decir, más del doble. Y, a pesar de ello, la solución del Ejecutivo para este problema es formar a los funcionarios en resolución de conflictos .

Una de las medidas que el Ejecutivo socialista asegura que se van a poner en marcha ante este aumento explosivo de agresiones son los cursos de resolución de conflictos. Se trata de « acciones formativas dirigidas a los profesionales penitenciarios, en el marco del Protocolo específico de actuación frente a las agresiones» tanto en prisiones como en «centros de inserción social».

La voluntad del Gobierno es dotarles «de conocimientos que les permitan resolver los incidentes con la mayor eficacia y con el menor riesgo posible para su integridad física».

Sin embargo, admite a través de una respuesta parlamentaria que «no existe, en este momento, previsión de reforma del Reglamento Penitenciario ». Es decir, que no se va a producir una modificación de la norma que castiga ese tipo de agresiones dentro de las prisiones.

Por otro lado, se anuncia la puesta en marcha de un « análisis de los incidentes que han derivado en agresiones a profesionales penitenciarios». Para ello, se busca «detectar las causas, diseñar estrategias preventivas, establecer medidas que eviten nuevos episodios o minimicen el efecto de los mismos».

Por último, se destaca «la importancia de la observación y el conocimiento de la población reclusa por los profesionales penitenciarios». Se pretende realizar la «potenciación de los programas de intervención tratamental [sic] para prevenir las conductas de inadaptación que derivan en episodios violentos».

Para ello, se opta por la «adopción de medidas de prevención con aquellos internos que hayan denotado una mayor agresividad ». A su vez, se propone la « organización de los servicios asignados a los profesionales penitenciarios, garantizando su presencia en los diferentes departamentos durante un periodo de tiempo suficiente que posibilite el adecuado conocimiento de los internos en ellos destinados».

Si bien otro de los puntos es la «puesta a disposición de los profesionales penitenciarios de los elementos de protección personal e intervención adecuados», no se detalla más respecto a este aspecto.

Una iniciativa presentada por Vox

El Ejecutivo ha manifestado su posición a través de una respuesta parlamentaria en la que Vox le interrogaba sobre «las medidas preventivas que está ejecutando el Gobierno desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para abordar la desprotección que viven los trabajadores de centros penitenciarios frente a los actos delictivos cometidos por los internos».

El partido de Santiago Abascal recordaba en su iniciativa que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitó a los directores de las prisiones «limitar el número máximo de internos clasificados en primer grado, categoría que implica mayor peligrosidad». Vox atribuye estas palabras al director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca .

Según se indicaba en una información de El Mundo , pretendía « reducir a la mínima expresión » el artículo 75.1 del reglamento penitenciario, «el que faculta a los directores a imponer a un interno el aislamiento, la antesala del régimen de vida más duro en prisión: el primer grado», apostillan los diputados del partido con sede en la calle Bambú.

Desde Vox lamentan que «las agresiones de los reclusos a los funcionarios de prisiones se han incrementado de forma notable, en parte como consecuencia de la política penitenciaria permisiva que se está impulsando».