“Vamos a trabajar para conseguir mayorías y vamos a llamar a todas las puertas”. La frase es del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en referencia a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y que tiene el futuro negro por la debilidad parlamentaria del Gobierno después del portazo que dio Carles Puigdemont este lunes, pero se aplica a toda la agenda legislativa, según Moncloa. El Ejecutivo hace oídos sordos a la ruptura de Junts y considera que todo va a seguir como hasta ahora.

“Todas las relaciones tienen sus altibajos, pero independientemente de esto nosotros vamos a seguir con la misma tónica que llevamos trabajando desde hace dos años”, ha dicho la portavoz, Pilar Alegría. Y “la dirección”, ha dicho la ministra, va a ser también la misma respecto a la intención de “seguir hasta 2027”. “Con esa pluralidad parlamentaria llevamos conviviendo en esta legislatura. La herramienta con la que hemos trabajado ha sido a través del diálogo, el consenso y bajo esos mecanismos vamos a seguir trabajando”, ha dicho Alegría.

El Gobierno ve margen para continuar y tampoco considera que el golpe en la mesa de Junts suponga un cambio respecto a la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

La portavoz ha asegurado que van a “presentar” las cuentas públicas. “Vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante”, ha afirmado. A partir de ahí, la incógnita que no despejan en Moncloa, o hacen solo a medias, es hasta dónde están dispuestos a llegar en la tramitación parlamentaria, ya que una votación puede exponer una dura derrota parlamentaria en pleno ciclo electoral. Lo que aclaran en Moncloa es que se presentarán los presupuestos y que eso supone que se lleven al Congreso. Pero lo que dejan en el aire es que se lleguen a votar, es decir, que podrían retirarse.

En el Ejecutivo han ido, además, ganando semanas respecto a la presentación, que aseguraban que sería inminente a principios de octubre. Por el momento se tiene que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar la senda de déficit y el Ministerio de Hacienda aún no ha dado ese paso. Después la senda tiene que ir al Parlamento, en dos ocasiones si el Senado lo rechaza, y en el Ejecutivo reconocen que no tienen el calendario establecido cuando se les pregunta qué margen de maniobra tienen teniendo en cuenta que las elecciones en Extremadura se serán el 21 de diciembre.

Por el momento, Sánchez gana oxígeno unos meses en los que en el Gobierno están convencidos de que no se toparán con el 'no' de Junts para todo. Sin ir más lejos, esta semana se vota una iniciativa del PSOE en el Congreso sobre el uso de las zonas de establecimiento para personas con discapacidad y el grupo independentista ha anunciado su respaldo. También cuentan con el 'sí' para el decreto de ayudas para los enfermos de ELA. Y a partir de ahí, en el PSOE irán viendo “votación a votación”, pero lo que emite Moncloa es despreocupación. Y en el caso de los Presupuestos, la portavoz ha pedido que no se “infravalore” la capacidad de diálogo del Gobierno, aunque Puigdemont ha dejado claro que por ahí no va a pasar.