Catalunya va camino de convertirse en la primera comunidad autónoma en regular el alquiler de temporada y someterlo también al tope de los precios que fija la Ley de Vivienda. El proyecto de ley que pone coto a estos arrendamientos por meses ha salido adelante en comisión parlamentaria gracias a los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP.

Junts, PP y Vox han votado en contra de esta medida, mientras que Aliança Catalan (del grupo mixto) se ha abstenido. Aunque la intención de los grupos es llevar el dictamen a votación definitiva en el pleno de la próxima semana, puede que su validación deba esperar. Los populares han anunciado que quieren trasladar el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, que evalúa su encaje en la Constitución y tarda un mes en resolver.

El texto aprobado este miércoles tiene origen en un decreto ley del Govern de Salvador Illa con distintas medidas urgentes en materia de vivienda. A cambio convalidarlo en el Parlament, el Ejecutivo concedió a ERC, Comuns y CUP tramitarlo en forma de proyecto de ley e incluir una normativa sobre los alquileres de temporada y también de habitaciones. Junts se ha mostrado molesto porque propuso su propia regulación de estos alquileres, pero fue rechazada.

La regulación busca someter una parte del alquiler de temporada a las normas que aplican a los arrendamientos de vivienda habitual. Por ello, distingue entre los contratos de alquiler de vivienda permanente, con independencia de su duración, y los que se destinan a usos recreativos, turísticos o vacacionales. A continuación, añade que aquellos pisos alquilados con carácter temporal por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras, quedan sujetos a las normas de los arrendamientos de vivienda habitual.

Asimismo, la normativa obliga a los alquileres con carácter temporal a dejar constancia de la finalidad del contrato, así como aportar esa documentación junto con la fianza en el Institut Català del Sòl (Incasòl). Este es el organismo que a día de hoy recoge las fianzas de todos los contratos de alquiler suscritos en Catalunya, lo que permite comprobar la evolución real del precio de la vivienda. 

Lo que pretenden los cuatro grupos que han consensuado el texto es poner fin al trasvase de viviendas del mercado del alquiler habitual al de temporada, una mecanismo al que han recurrido miles de propietarios en Catalunya para evitar aplicar el tope de los precios que prevé la Ley de Vivienda. Desde entonces, en Barcelona entre el 20% y el 30% de los contratos firmados fueron de temporada .

El texto aprobado también prevé que en caso de prórroga de un arrendamiento temporal o de firma de un nuevo contrato, si el inquilino no acredita la causa de esa estacionalidad y que dispone de residencia fija en otro lugar, se considerará automáticamente vivienda habitual. Y de nuevo quedará sujeto el contrato de arrendamiento a obligaciones como su duración (de cinco a siete años), la limitación de las subidas de precio o las prórrogas obligatorias. 

El Congreso activa la ponencia

El Parlament de Catalunya no es el único que trata de regular el alquiler de temporada y el de habitaciones en España. Actualmente el Congreso de los Diputados tiene en trámite una ley con el mismo fin. Impulsada por Sumar, chocó inicialmente con la negativa de Junts, que al final aceptó su admisión a trámite a cambio de que se incluyera el respeto a competencias autonómicas del mismo ámbito. 

Justamente este martes se activó la ponencia para elaborar la Proposición de Ley. “Es imprescindible para atajar el fraude que se está cometiendo con este tipo de alojamientos en toda España, especialmente en las grandes ciudades”, señalaron fuentes del Ministerio de Vivienda, que apremiaron a los grupos a “trabajar para alcanzar un acuerdo”. 

Otra vía en marcha es la que tiene sobre la mesa el Ayuntamiento de Barcelona, a través de una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM). Aprobarlo pronto es un compromiso del Gobierno municipal con los Comuns para sentarse a negociar los Presupuestos de 2026 .

Más medidas urgentes de vivienda

El proyecto de ley, cuyo dictamen se ha elaborado este miércoles en el Parlament, recoge el paquete de medidas urgentes de Illa para combatir la crisis de la vivienda en Catalunya. Amplía las opciones para ejercer la compra pública de viviendas a la venta –el derecho de tanteo y retracto–, establece topes permanentes a la venta de los pisos protegidos si han recibido dinero público, y crea una nueva licencia básica para impulsar vivienda de protección. 

En cuanto al acuerdo con Comuns, ERC y CUP, materializado a través de enmiendas, incluye también la regulación del alquiler de habitaciones, otra de las fórmulas usadas por algunos propietarios para no aplicar la limitación de precios . Si se aprueba el proyecto en el sesión plenaria, el precio de todos los contratos por habitación de un mismo piso no podrá superar la renta máxima aplicable para una vivienda entera en esa zona de mercado tensionado.