El Ejecutivo balear presidido por Francina Armengol formalizó la compra de 1,4 millones de mascarillas en mayo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión , la misma cantidad que, según mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la red tenía entonces acumulada y pendiente de vender tras un encargo previo de Canarias.

Según consta en el informe de la UCO y que recoge THE OBJECTIVE, el administrador de la empresa, Íñigo Rotaeche , informó a Víctor de Aldama , considerado el comisionista principal de la trama, de que tras el cierre con el Gobierno canario “nos quedarían 1,4 millones por colocar”. Aldama respondió: “En eso estoy ahora. Viniendo el chiquitín a verme”, en alusión a Koldo García , exasesor de José Luis Ábalos y presunto intermediario clave del entramado.

Cuatro días después de esa conversación, el Govern balear firmó el contrato con la empresa por esa cantidad exacta de mascarillas. El importe fue de 3,7 millones de euros , con un precio por unidad de 2,75 euros , una de las cifras más altas detectadas en ese momento por los auditores de la Administración.

Las mascarillas se entregaron el 26 de abril, pero no se utilizaron. Posteriormente se determinó que no cumplían los estándares FFP2 prometidos . Además, según el propio Ejecutivo balear, se pagó un sobrecoste de 2,6 millones por un producto que quedó almacenado sin uso.

La llamada que activó la operación

El entonces director del Servicio de Salud balear, Manuel Palomino , reconoció en el Senado que el contrato con Soluciones de Gestión se produjo tras recibir una llamada desde el Ministerio de Fomento . Aunque no identificó a su interlocutor, poco después recibió una llamada de Koldo García , quien lo puso en contacto directo con Rotaeche.

La documentación recopilada por la Guardia Civil muestra que la trama presionaba a las administraciones autonómicas para acelerar pagos, colocar existencias sobrantes y mantener su margen de beneficio incluso en momentos de máxima urgencia sanitaria. En ese contexto, Aldama y Koldo actuaban como intermediarios con capacidad de decisión.

El papel de Armengol

Según la UCO, Francina Armengol mantuvo una relación directa con Víctor de Aldama , a quien llegó a consultar durante la pandemia si conocía proveedores de mascarillas infantiles. Aunque los investigadores no han detectado un enriquecimiento personal por parte de la expresidenta balear, sí subrayan su vinculación continuada con los miembros clave de la red.

La Guardia Civil también constata que el Govern balear retenía mascarillas durante la fase crítica de escasez , lo que ha generado críticas políticas y puede tener consecuencias legales si se confirma un uso indebido de fondos públicos o europeos.

La operación se firmó por vía de urgencia, sin concurso público y financiada con fondos de la Unión Europea , por lo que la Fiscalía Europea mantiene una línea abierta de investigación sobre la adjudicación.

Repetición de patrón: contratos urgentes, presiones y producto inservible

El patrón detectado en Baleares replica el ya conocido en Canarias , donde se modificó un contrato apenas 48 minutos después de firmarse para inflar el precio en 447.000 euros . En ambos casos, la trama introdujo condiciones económicas favorables una vez garantizada la adjudicación y presionó a los responsables políticos y técnicos para agilizar pagos.

En el caso balear, la formalización del contrato se produjo el 8 de mayo de 2020 , pero las mascarillas habían sido entregadas antes, el 26 de abril. El precio pagado, el almacenamiento sin uso y la ausencia de controles técnicos previos a la compra son algunos de los elementos bajo revisión judicial.

La UCO ultima un nuevo informe centrado en el papel del Govern balear y en las responsabilidades políticas que puedan derivarse. Las pesquisas sobre la red siguen activas en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Europea , que analiza si estas adjudicaciones podrían haber vulnerado la normativa comunitaria sobre el uso de fondos europeos.