Nuevo choque frontal entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes. Pese al bloqueo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que el Ejecutivo aprobará en “unas semanas” en el Consejo de Ministros el real decreto que busca establecer “garantías y estándares mínimos de calidad” en los centros de acogida de menores tutelados.

Rego lamentó la “política de bloqueo de las conferencias sectoriales” por parte del PP.. Según la ministra, los consejeros del PP han bloqueado en términos procedimentales la posibilidad de que hoy pudiéramos trabajarlo“. Pese a este obstáculo, la ministra mostró su ”absoluta determinación“ de seguir adelante, ya que la aprobación del reglamento es una prerrogativa gubernamental que no requiere de la ratificación del Congreso.

El Ministerio justifica la urgencia del real decreto por la necesidad de “ordenar con una serie de características de estándares mínimos el sistema de protección”. Rego ha asegurado que su departamento ha recibido “noticias muy preocupantes” sobre situaciones que consideran “inaceptables” en centros de algunas comunidades.

La norma busca garantizar los derechos de los niños tutelados y de los trabajadores, e incluye diversas medidas: limitar las plazas de los centros a menos de diez; establecer un número mínimo de plazas residenciales por comunidades (es decir, la llamada “capacidad ordinaria” que el Ministerio sitúa 2.250 habitantes); mejorar los protocolos para promover “figuras de apego”; e instaurar programas de acompañamiento y transición a la vida adulta. El texto también pretende promover la acogida familiar: “Lo deseable para cualquier niño o niña es que tenga derecho a estar en una familia, a ser posible, y que esté fuera de las instituciones”, ha dicho Rego.

Por su parte, las comunidades del PP han rechazado abordar el real decreto por razones procedimientales. Según han declarado varios conejeros, la comisión encargada de fijar el orden del día de la reunión no había aprobado previamente este asunto como uno de los puntos a tratar. No obstante, el rechazo hacia la iniciativa del Gobierno ha ido más allá de lo procedimental.

La consejera de Madrid, Ana Dávila-Ponce, elevó el tono al calificar el empeño del Ministerio por incluir el punto como una muestra de “autoritarismo y el totalitarismo” del Gobierno. En el fondo, Dávila-Ponce tildó de “absolutamente incongruente” que el Ministerio promueva el acogimiento familiar y, al mismo tiempo, “intente favorecer a través de reales decretos su institucionalización”. En esta línea, las consejeras de Baleares, Sandra Fernández, y de Canarias, Candeleria Delgado, coincidieron en que la propuesta representa una “intromisión” en las competencias autonómicas.

La consejera canaria ha reclamado mayor negociación entre el Gobierno central y los autonómicos, así como una mayor aportación de recursos. “Si lo que interesa es fijar entre todas las comunidades autónomas y el Estado un marco común de acción y unos mínimos, tenemos que sentarnos a negociar, no a imponernos”, ha afirmado.

En el ámbito de la migración, la Conferencia Sectorial sí ha alcanzado un acuerdo para la asignación de 13 millones de euros (que se suman a 22 millones asignados previamente) destinados a financiar “recursos de primera acogida” para niños y niñas migrantes no acompañados, fondos que irán fundamentalmente a Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias.

Respecto a los traslados obligatorios de menores migrantes, la ministra Rego cuestionó que el sistema “está siendo judicializado por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular”.