El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha dado un respaldo significativo a la ley de amnistía en España, que podría aplicarse a las causas relacionadas con el procés y ciertos casos de terrorismo. Sin embargo, también ha planteado algunas objeciones a la normativa. Estas conclusiones, aunque no son vinculantes, servirán de guía para el TJUE en la redacción de su sentencia, que aún no tiene fecha.

Spielmann ha determinado que ni el referéndum del 1 de octubre ni la acción exterior del gobierno catalán comprometieron los intereses financieros de la UE. Por lo tanto, ha avalado la posibilidad de eximir la responsabilidad en estos casos. "La protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la LOA por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión", afirmó.

La ley de amnistía, que afecta a 35 altos cargos de la Generalitat, incluidos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, está actualmente paralizada a la espera de la decisión del TJUE. Spielmann también ha expresado preocupaciones sobre el plazo que tienen los tribunales para decidir sobre la absolución de la responsabilidad penal, sugiriendo que es demasiado corto y podría comprometer la independencia judicial.

En cuanto a la relación de la ley con la directiva contra el terrorismo, el abogado general ha indicado que no hay disposiciones que prohíban el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal, como la amnistía. Además, ha señalado que la LOA cumple con los estándares establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que se aprobó en un contexto de reconciliación política y social y no incluye violaciones graves de derechos humanos.

Spielmann ha subrayado que la ley excluye explícitamente los actos que causen intencionadamente violaciones graves de derechos humanos, como el derecho a la vida y la integridad física. En su análisis, también ha abordado la situación de doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo, afirmando que la amnistía no vulnera el Derecho de la Unión.

Finalmente, el Tribunal Constitucional de España deberá pronunciarse sobre si el Tribunal Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación atribuido a Puigdemont, lo que podría ser crucial para su posible regreso a España. La situación sigue siendo objeto de atención tanto a nivel nacional como europeo, mientras se espera la resolución definitiva del TJUE.