La implantación de la ha generado un descontento generalizado en muchas partes de España. En abril de 2025 venció el plazo marcado por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a implantar una tasa de basuras ajustada al coste real del servicio . Con esta medida se busca mejorar la gestión de los residuos y aplicar el principio de que quien más contamine o menos recicle, pague más. En cumplimiento de esta normativa, numerosos municipios han aplicado este año la nueva tasa de gestión de residuos para sufragar lo que cuesta recoger, transportar y tratar los residuos sólidos urbanos.

El impuesto se calcula según el valor catastral del inmueble, la generación de residuos en cada barrio y la calidad

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