El Tribunal Constitucional ha zanjado uno de los grandes episodios de transfuguismo en la política autonómica de la última década: el de Raquel Romero , consejera del gobierno riojano entre 2019 y 2023 y que fue relegada como diputada no adscrita en el Parlamento regional después de darse de baja en Podemos, la candidatura que había encabezado. Los jueces, según ha sabido Rioja2, explican lo que ya dijeron cuando dieron la razón a Teresa Rodríguez y otros diputados andaluces expulsados del grupo de Adelante Andalucía: no se puede confundir el partido político con el grupo parlamentario.

Romero encabezó en 2019 la lista autonómica de Podemos-Equo-Izquierda Unida. Una lista que consiguió dos representantes en el Parlamento de La Rioja: Raquel Romero (Podemos) y Henar Moreno (IU). Los resultados de esas elecciones convirtieron a esa candidatura en clave para que el PSOE de Concha Andreu pudiera gobernar y el voto en contra de Romero, que exigía tres de las ocho consejerías disponibles, incluso tumbó su investidura en un primer momento.

Podemos se desmarcó rápidamente de Romero y sus exigencias provocaron la dimisión de varios altos cargos del partido en la región. Romero fue finalmente nombrada consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos. Ella y Henar Moreno, a nivel parlamentario, pasaron a formar parte del grupo mixto en la cámara regional. El partido terminó por expulsar a Romero de sus filas en marzo de 2022 entre acusaciones de negarse a donar parte de su salario al partido, mientras que desde el entorno de la consejera riojana veían una represalia por haberse acercado a Yolanda Díaz, entonces a pocos meses de lanzar Sumar.

La decisión del partido de Ione Belarra tuvo eco en el Parlamento de la Rioja: tras un aviso de Moreno (IU), la Mesa de la cámara expulsó a la todavía consejera del grupo mixto, quedando relegada a la condición de diputada no adscrita . Con consecuencias como, por ejemplo, perder el derecho a tener asesores y a algunos recursos materiales del Parlamento. Pasó a ser considerada, de forma oficial, una tránsfuga.

Romero dejó la política en 2023, cuando anunció que no volvería a presentarse por ninguna candidatura a las elecciones de ese año. Pero para entonces sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional ya estaban en marcha y la sala segunda de la corte de garantías, según ha sabido elDiario.es en La Rioja, acaba de darle la razón: la decisión de considerarla diputada no adscrita vulneró su derecho a ejercer un cargo público, aunque sin efectos prácticos. Esa legislatura terminó hace más de dos años.

El Constitucional recuerda que ya resolvió un caso similar en 2023, procedente de otro parlamento regional: el caso de Teresa Rodríguez y el resto de diputados andaluces que fueron expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía a petición de Podemos e IU durante la pandemia. Y concluye ahora que no se puede incurrir en la “confusión de dos sujetos políticos diferenciados”: el partido y el grupo parlamentario.

En el caso de Raquel Romero, el Constitucional explica que la normativa interna del Parlamento de La Rioja no contempla de forma específica la posibilidad de expulsar a un diputado del grupo mixto por haber dejado el partido cuya lista encabezó. El reglamento de la cámara, entiende el tribunal, no tiene ninguna previsión específica sobre la normativa interna de los grupos parlamentarios y cuándo pueden expulsara a un diputado. En este caso, la Mesa del Parlamento de La Rioja solo tuvo una cosa en cuenta: que había sido expulsada de Podemos.

La Mesa, que tomó esta decisión con los votos en contra de los representantes del PSOE y a favor de PP e IU, no constató si había sido separada del grupo parlamentario, sino simplemente que había sido expulsada del partido. La decisión, añade ahora el Constitucional, se basó en “un presupuesto no previsto”, que es la baja del partido, y eso es una “innovación de la política parlamentaria”, como ya dijeron en el caso de Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía .