Lo decía el periodista –gallego– Xabier Fortes cuando explicaba por qué eligieron el Pazo de Meirás para emitir el programa especial de TVE sobre la dictadura en la víspera del 50 aniversario de la muerte de Franco . No sólo era la residencia de verano de su familia y uno de los principales símbolos de su poder: también se ha convertido en el “emblema de las usurpaciones” perpetradas por el franquismo; sobre todo, después de lograr su devolución al patrimonio público tras dos sentencias judiciales que, sin embargo, no son firmes. Desde marzo de 2021, el caso está en el Supremo, el mismo alto tribunal que este verano ordenó devolver al ayuntamiento de Santiago las dos estatuas del Pórtico de la Gloria expoliadas por capricho de Carmen Polo y que permanecían en la capilla del Pazo. El consistorio esperaba a este simbólico 20-N para anunciar que ya tienen destino definitivo: podrán visitarse, a partir del 11 de diciembre, en el Museo do Pobo Galego.

La histórica sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña estableció en 2020 que el Pazo de Meirás pertenecía a Patrimonio y no a los Franco. La magistrada consideraba “una simulación” la supuesta operación de compraventa con la que la familia adquiría a título particular lo que había sido una “donación” –basada en las amenazas y lejos de tener el carácter “voluntario” del que presumía el régime– al jefe del Estado. En su fallo, dejaba claro que no era más que una “ficción” creada “solo con el objeto de poner el bien a su nombre”.

La sentencia de la Audiencia Provincial confirmaba el fondo de la cuestión, aunque añadía un pequeño matiz: abría la puerta a una posible indemnización por los supuestos “gastos de mantenimiento” que habrían pagado los Franco desde 1975. Los herederos del dictador no se rindieron y presentaron en marzo de 2021 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que alegaban que su ocupación del edificio fue “pública y pacífica”.

Justo dos años después, la Sala Primera lo admitía a trámite, al igual que los elevados por las administraciones implicadas –Estado, Xunta, Deputación de A Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada– quienes, entre otros aspectos, se oponían a cualquier pago a los herederos. Consideraban que la Audiencia entraba en “contradicciones” al admitir, simultáneamente, la ilegalidad de la posesión y la supuesta “buena fe” alegada por los Franco.

Mientras el alto tribunal deshoja la margarita, el Gobierno ha dado los primeros pasos para declarar el Pazo como Lugar de Memoria Democrática, una demanda que le habían trasladado una treintena de entidades . Incluían en su petición a la isla de San Simón, campo de concentración franquista, ante la “desidia” e incluso la “beligerancia” de la Xunta hacia la memoria histórica. El ejecutivo se comprometió con ambos espacios y hace apenas un mes les sumó la ciudad de Ferrol , apellidada del Caudillo durante la dictadura. Para el ministro Ángel Víctor Torres existen “razones históricas desde el siglo XIX, de la lucha por las libertades, por la democracia” para esta distinción.

Las esculturas pacientes

La parálisis judicial mantiene la mayor parte del Pazo de Meirás preventivamente vedada a las visitas. De hecho, La noche en 24h tuvo que emitir su histórico directo –el primero realizado en el edificio– desde el hall de entrada. La capilla, en un acceso lateral, es otra de las contadas estancias que los visitantes pueden, al menos, contemplar desde la puerta. Allí se acumulan sin demasiado orden objetos que la convierten en una especie de gran trastero del expolio, con parte de los casi 600 objetos que, en primera instancia, la Justicia también ha ordenado devolver a los Franco.

En la capilla ocupan un lugar preferente dos de los símbolos de la rapiña: las dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago atribuidas al Maestro Mateo y que tras dos reveses iniciales – “de auténtica vergüenza”, según el asesor jurídico del consistorio – el mismo Supremo ordenó devolver a la capital gallega.

El consistorio compostelano inició la batalla judicial con Martiño Noriega (Compostela Aberta) como alcalde y, tras un mandato del socialista Sánchez Bugallo, recibió la buena noticia con el bastón de mando en manos de una nacionalista, Goretti Sanmartín, la misma que desde la vicepresidencia de la Deputación había impulsado el estudio jurídico que estableció las bases para recuperar el Pazo.

Noriega recuerda la primera sentencia, la del juzgado de primera instancia número 41 de Madrid, como un auténtico “atraco”. La “hostilidad” con la que los recibieron estaba encabezada por la jueza Adelaida Medrano, nieta de uno de los firmantes del “parte de la Victoria” de 1939 y que tuvo al primo de Franco o a Carrero Blanco como testigos de la boda de sus padres. Medrano dio por completo la razón a los herederos del dictador y el recurso a la Audiencia Provincial, donde no faltó cierto esperpento, no gozó de mejor suerte.

Su rechazo a las demandas del ayuntamiento se basó en un único punto: que los bienes reivindicados no estaban “adecuadamente identificados”. El motivo era que, según la documentación, una de las estatuas estaba rota –“La que identifica como 'fig. 2' presenta una fractura que la divide en dos fragmentos”– pero la Audiencia no fue capaz de apreciarlo. “La habían pegado, pero mirabas las fotos y veías la grieta”, señalaba el asesor jurídico del consistorio, Xaquín Monteagudo. Y eso, tan sencillo, fue lo que hizo la Sala de lo Civil del Supremo: “Del examen de las fotografías, se observa a simple vista que una de ellas tiene una fractura precisamente a media pierna y con dirección ligeramente diagonal”. Caso cerrado.

Los Franco, esta vez, bajaron los brazos. Días después anunciaban su intención de cumplir la sentencia de forma “voluntaria” y se ponían a disposición del ayuntamiento para el traslado de las esculturas. Sanmartín, tras anunciar que les cobraría los portes , lo celebraba como “un día grande” para la ciudad y prometía recuperarlas “de la forma más rápida posible, pero también con todas las garantías jurídicas y patrimoniales”. Este 20-N finalizaba la espera: la regidora anunciaba a través de un vídeo en las redes sociales que las estatuas regresarán a la capital gallega el próximo 11 de diciembre para exhibirse en el Museo do Pobo Galego. Un acto “de justicia histórica” al que invitó a sumarse a toda la ciudadanía.