La condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz abre un escenario complejo: la inhabilitación no será efectiva hasta que se publique la sentencia , pero podría implicar su salida del cargo, la necesidad de nombrar a un nuevo fiscal general y hasta su posible expulsión de la carrera fiscal.

Hasta que la sentencia del Tribunal Supremo no se publique oficialmente, la inhabilitación de dos años impuesta al fiscal general del Estado no se aplicará. Una vez notificada, García Ortiz tendría que dejar el cargo (mediante dimisión, dado que no puede ser cesado) y el Gobierno deberá proponer a un nuevo fiscal general.

Mientras tanto, la persona que asumiría esas funciones de manera provisional sería su número dos, la fiscal de Sala María Ángeles Sánchez Conde , quien ya representó a l

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