El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno da diez días al PSOE para que aporte la “relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos durante el periodo de 2017 hasta el 2024”, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de las liquidaciones de gastos que cargos públicos y trabajadores pasaban al partido por comidas, hoteles, gasolina o kilometraje. 

El magistrado adopta esta decisión a instancias del fiscal del caso, Luis Pastor Motta, que reclama al que juez que ponga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar los “documentos” y “mensajes, tanto escritos como de voz” que constan en la causa que puedan tener relación con esos abonos. El magistrado afirma resolverá sobre esta petición en otra resolución aparte. 

El juez Moreno acuerda esta diligencia en el marco de la pieza separada que abrió a principios de noviembre sobre los pagos en metálico del PSOE al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Con este nuevo requerimiento de información, la causa adquiere otra dimensión al reclamar una ingente cantidad de gastos que, hasta el momento, no estaban bajo sospecha en un caso abierto originariamente para investigar una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

El magistrado de la Audiencia Nacional empezó a indagar en las liquidaciones del PSOE  tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente , en el que este planteaba la posibilidad de que el exministro y quien fuera su mano derecha utilizaran los gastos que pasaban al PSOE para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes. 

Puente construyó esa hipótesis tras constatar los escasos controles existentes sobre unos reintegros que el PSOE abonó mayoritariamente en efectivo hasta 2020. Y puso el foco, especialmente, en el hecho de que el partido no comprobara si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados en metálico o con tarjeta. 

El PSOE asegura tras conocerse esta petición que no está investigado en la causa y que su “compromiso con la transparencia” y su “colaboración con la Justicia” es “total”. “Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas”, explicado la formación que insiste en que sus cuentas “son transparentes, legales y están fiscalizadas”. Además, ya adelan que aportarán la documentación socilitada “colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora”.