Nueva causa de supuesta corrupción policial que queda en nada. La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los dos agentes de los Mossos d'Esquadra y al exempleado de Desokupa acusados de colocar casi 900 gramos de cocaína, 100 de hachís, una pistola y un hacha en el maletero de un estibador del Puerto de Barcelona. El tribunal no solo niega su participación en los hechos, sino que considera que los acusados fueron sometidos a una investigación “prospectiva” y “sin indicios suficientes”.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona carga con contundencia contra la investigación del caso impulsada por la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra, que enfocó desde el principio hacia los acusados con “motivos infundandos” e “irrelevantes”.
No solo no hay pruebas suficientes contra los acusados, lo que ya de por sí conduciría a su absolución. Los jueces además dan la razón a las defensas (algo que no ocurre todos los días) de los acusados, que ejercen los letrados Sandra Melgar, José Ramón Sorní y Manuel Troyano, y anulan por ilegales los autos con los que se dio inicio al caso y se pinchó el teléfono y se instalaron micrófonos en el despacho y el coche policial de los mossos acusados.
Como un castillo de cartas, en el juicio cayó la acusación contra los procesados: los testigos supuestamente claves no se acordaban de nada y se escucharon declaraciones contradictorias entre agentes de los Mossos d’Esquadra (Asuntos Internos y los agentes de la comisaría de Sant Martí se han responsabilizado mutuamente de pedir los seguimientos del caso).
Pese al desierto probatorio, la Fiscalía se reafirmó en pedir penas de entre 18 y nueve años de cárcel para los cuatro acusados (los dos mossos, el exempleado de Desokupa y su sobrino). Todo ha quedado en nada.
Al igual que Macedonia, otro caso de supuesta corrupción policial por el narcotráfico que también quedó en nada, la Audiencia de Barcelona censura el intento de los Mossos d'Esquadra de aprovechar sus relaciones con confidentes policiales en causas penales.
En el caso que se ha juzgado, remarca el tribunal, los agentes han mantenido durante la fase de instrucción sus sospechas contra los acusados en base a confidentes cuya identidad se han negado a revelar, lo que “carece de valor alguno para sustentar cualquier condena respecto de los acusados”.
“Es ciertamente sorpresivo que, en una investigación con estos mimbres y alcance, no se diesen a conocer los datos en la fase de instrucción o en el atestado policial, pues el anonimato prolongado a lo largo de la causa ha privado a las defensas poder ejercer una adecuada defensa respecto a una fuente de información que, sin duda, fue tenida en cuenta por los agentes investigadores para estrechar el cerco investigador y policial respecto de los agentes policiales acusados”, ahondan los magistrados.
El trasfondo de este juicio es uno de los focos de la delincuencia en Catalunya al que la mayoría de autoridades prefieren no mirar. Todo el mundo que viste uniforme o toga habla de que el Puerto de Barcelona es uno de los epicentros del tráfico de drogas, con necesaria connivencia de estibadores y fuerzas de seguridad que se corrompen. Pero salvo excepciones protagonizadas por un reducido grupo de policías de distintos cuerpos, fiscales y jueces que han logrado destapar en los últimos años varias tramas corruptas en los muelles , lo que pasa en el Puerto se queda en el Puerto.
Así ocurre en este caso: el tribunal ha exculpado a los acusados, pero ha declarado probado que la “colocada” de droga se realizó. El 15 de junio de 2016, alguien colocó en el coche de un estibador mientras estaba en el gimnasio casi 900 gramos de cocaína, 100 de hachís, una pistola y un hacha en el maletero. Sus autores siguen impunes.

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