El 31 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Este cambio, impulsado por el partido Nuevas Ideas, busca consolidar el poder del presidente Nayib Bukele, quien ya fue reelegido en 2024 con más del 80% de los votos. La reforma modifica varios artículos de la Constitución, ampliando el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminando la segunda vuelta electoral.

La diputada oficialista Ana Figueroa defendió la reforma, argumentando que "históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular". La reforma también establece que el actual periodo presidencial de Bukele, que comenzó el 1 de junio de 2024, finalizará anticipadamente el 1 de junio de 2027, unificando así las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

La Asamblea, con 57 de los 60 votos, aprobó la reforma sin debate legislativo, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia en el proceso. La diputada de oposición Marcela Villatoro expresó que "han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad".

Desde su llegada al poder, Bukele ha implementado un plan de seguridad que ha reducido significativamente los índices de criminalidad en el país. Sin embargo, sus métodos han sido cuestionados por organismos internacionales debido a denuncias de detenciones arbitrarias. A pesar de las críticas, Bukele mantiene altos índices de aprobación entre la población.

La reforma constitucional se enmarca en un contexto de creciente concentración de poder y ha sido vista como un paso hacia un modelo más autocrático en El Salvador. La decisión de la Asamblea Legislativa se produce en un clima de acoso a la prensa y exilio para los reporteros críticos del gobierno.