Una jueza federal ha decidido frenar la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 60,000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta decisión, tomada el 31 de julio, suspende los planes de la administración Trump y mantiene el TPS vigente hasta noviembre, cuando se llevará a cabo una audiencia para evaluar el caso.

El TPS es una protección humanitaria otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que impide la deportación de ciudadanos de países que enfrentan crisis, como desastres naturales o conflictos. Además, permite a los beneficiarios trabajar legalmente en Estados Unidos. La jueza Trina Thompson, de San Francisco, argumentó que las acciones del gobierno estaban basadas en una intención predeterminada de eliminar el TPS, sin un análisis adecuado de las condiciones en los países beneficiarios.

La decisión judicial retrasa la eliminación del TPS, que estaba programada para el 8 de septiembre. Los beneficiarios, muchos de los cuales han vivido legalmente en Estados Unidos desde los años 90, podrán continuar con su estatus legal y autorización de trabajo durante al menos tres meses más, evitando deportaciones inminentes.

El TPS fue inicialmente otorgado a Honduras y Nicaragua tras el devastador huracán Mitch en 1998. La jueza criticó al DHS por actuar sin un análisis adecuado y por no evaluar las condiciones reales en los países de origen. "La libertad de vivir sin miedo... Eso es lo que buscan los demandantes", escribió la jueza, subrayando la importancia de la protección que ofrece el TPS.

El fallo podría establecer un precedente para otros casos legales que buscan mantener o expandir el TPS. Sin embargo, existen demandas en curso para revertir decisiones similares sobre el TPS para otros países, como Venezuela y Haití. La situación sigue siendo incierta, pero la decisión judicial ha devuelto la esperanza a miles de centroamericanos que enfrentaban la posibilidad de perder su estatus legal.