Con la firma de una nueva orden ejecutiva, Trump cumple una promesa de campaña: enfrentar la crisis de personas sin hogar de frente, con un enfoque de control, tratamiento obligatorio y limpieza del espacio público. Lo hace en un contexto donde más de 770,000 personas viven en situación de calle, y en el que la percepción de inseguridad urbana se convirtió en un activo político más que valioso.

La orden refleja un cambio claro de prioridades: Menos fondos para el Housing First y más recursos para ciudades que prohíban los campamentos y adopten mano dura.

Pero, ¿cómo se van a aplicar estas nuevas políticas? ¿Está el sistema capacitado para atender a tantas personas con las autorizaciones de tratamientos psiquiátricos forzosos? ¿Se puede sostener esta idea en medio de tantos recortes inclu

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