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La reforma constitucional del Acto Legislativo 4 de 2019 buscó blindar la elección de contralores territoriales, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, a través de exámenes de conocimiento que deben llevan a cabo las universidades acreditadas, esperando que una academia imparcial garantice procesos limpios. Era el remedio contra la politiquería: quitarle a las asambleas y concejos la libertad absoluta de escoger a dedo, pero lamentablemente, ese remedio se ha convertido en un nuevo foco de corrupción. ¡Las universidades están negociando con el concurso de contralores!

Lejos de asegurar imparcialidad, la intervención de algunas universidades ha resultado contraproducente. En teoría, las instituciones de

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