Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington, D.C., solicitó a un juez federal que prohíba al Departamento de Justicia retener fondos federales destinados a víctimas de delitos si los estados no cooperan con las acciones de la administración Trump contra la inmigración.

La demanda presentada el lunes en el tribunal federal de Rhode Island busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que recortarían fondos a un estado o beneficiario si este se niega aplicar las leyes de inmigración civil, niega a las autoridades migratorias federales el acceso a instalaciones o no proporciona aviso previo de las fechas de liberación de individuos posiblemente buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su estatus migratorio.

La demanda solicita que se eliminen las condiciones, argumentando que la administración y la agencia están excediendo su autoridad constitucional y administrativa.

La demanda también argumenta que los requisitos no están permitidos ni especificados en la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA), y que interferirían con políticas creadas para asegurar que las víctimas y testigos reporten delitos sin temor a la deportación.

"Estas personas no pidieron este estatus como víctimas de delitos. No se dividen claramente a lo largo de líneas partidistas, pero comparten un rasgo común, que es que han sufrido un trauma inimaginable", afirmó durante una conferencia de prensa en video el lunes el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, calificando la amenaza de la administración de retener fondos como "el acto más atroz" que ha visto en política.

Las condiciones federales fueron impuestas sobre los fondos de la Ley VOCA, que proporciona más de 1.000 millones de dólares anualmente a los estados para programas de compensación a víctimas y subvenciones que financian organizaciones de asistencia a víctimas. Los fondos VOCA provienen enteramente de multas y sanciones en casos de tribunales federales, no de impuestos.

Cada estado y territorio tiene un programa de compensación a víctimas que sigue las directrices federales, pero en gran medida está establecido bajo leyes estatales para proporcionar ayuda financiera a las víctimas de delitos, incluyendo el reembolso de gastos médicos, el pago de la limpieza de la escena del crimen, asesoramiento o ayuda con los costos funerarios para víctimas de homicidio. VOCA cubre el costo de aproximadamente el 75% de los pagos de los programas de compensación estatal.

Los fondos también se utilizan para pagar otros servicios, incluyendo pruebas de kits de violación, financiamiento de subvenciones a organizaciones de recuperación de violencia doméstica, centros de recuperación de trauma y más.

Defensores y otros argumentan que el sistema necesita proteger a las víctimas independientemente de su estatus migratorio y asegurar que reportar un delito no conduzca a amenazas de deportación. También dicen que las comunidades marginadas, como los inmigrantes recién llegados, son más propensas a ser objetivos de delitos.

“El gobierno federal está intentando usar los fondos para víctimas de delitos como una moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir con sus órdenes en la aplicación de la ley migratoria”, dijo en un comunicado el lunes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien también se unió a la demanda. “Estas subvenciones fueron creadas para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para asegurar que continúen sirviendo ese propósito... No seremos intimidados para abandonar a ninguno de nuestros residentes”.

El Departamento de Justicia no ha comentado al respecto.

La administración del presidente Donald Trump ha intentado retener o retirar otros fondos federales o subvenciones a mitad de camino, diciendo que los beneficiarios y programas ya no se alinean con sus prioridades. En abril, canceló alrededor de 800 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Justicia, algunas de las cuales fueron otorgadas a organizaciones de servicios y sobrevivientes de víctimas.

Y en junio, los estados presentaron una demanda sobre requisitos adicionales en el financiamiento de la Ley de Violencia contra la Mujer que exigían que los solicitantes acordaran no promover la "ideología de género", ni ejecutar programas de diversidad, equidad e inclusión o priorizar a personas en el país ilegalmente.

Varios fiscales generales dijeron que las condiciones de VOCA parecen ser otra forma en que la administración está apuntando a las llamadas jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, aunque no hay una definición clara de lo que es un estado o ciudad santuario.

A principios del mes, la administración Trump publicó una lista actualizada de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo en el anuncio de agosto que su departamento "continuará presentando litigios contra jurisdicciones santuario y trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas dañinas en todo el país".

Hasta el lunes por la tarde, los procuradores estatales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin —todos demócratas— se habían unido a la demanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.