El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que finalice su mandato, el 28 de julio de 2026. Esta resolución se produce tras una demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público. El constitucionalista Heber Campos explicó que, aunque la Fiscalía puede realizar ciertas diligencias, estas deben interrumpirse una vez completadas hasta que el presidente deje el cargo.

El artículo 117 de la Constitución establece que un presidente solo puede ser acusado durante su mandato en casos específicos, como traición a la patria o por impedir el funcionamiento de organismos electorales. Campos aclaró que el Ministerio Público puede llevar a cabo diligencias preliminares, como tomar declaraciones en Palacio de Gobierno y solicitar información, pero no puede avanzar más allá de eso. "El tribunal ha dicho que simplemente se puede hacer un pedido de información, pero no más que eso", indicó Campos.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, también se pronunció sobre el tema, afirmando que la decisión no solo afecta a Boluarte, sino a todos los futuros presidentes. Pacheco destacó la complejidad del asunto y la necesidad de equilibrar la fiscalización del Ministerio Público con la protección de la investidura presidencial. La sentencia se espera que sea publicada esta semana.

La demanda del Ejecutivo argumentaba que el Ministerio Público y el Poder Judicial habían excedido sus competencias al realizar diligencias contra Boluarte, incluyendo la solicitud de allanar su vivienda y Palacio de Gobierno en el marco de investigaciones por el caso Rolex. Si el TC falla a favor del Ejecutivo, las evidencias recolectadas podrían ser invalidadas.

Cabe recordar que el artículo 117 limita las acusaciones contra un presidente en funciones a ciertos delitos, lo que implica que las investigaciones contra Boluarte solo podrán continuar una vez que deje el cargo. Este fallo no impide que el Congreso declare la vacancia presidencial por otros motivos, lo que mantiene la posibilidad de que se tomen acciones en su contra en el futuro.