El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa. Esta demanda se centra en el Decreto de Urgencia (DU) N° 013-2024, que amplía la garantía del Estado para un crédito de 1.000 millones de dólares otorgado a Petroperú. La medida, firmada el 13 de septiembre de 2024 por la presidenta Dina Boluarte y varios ministros, extiende el plazo de la garantía de 12 meses a cuatro años, permitiendo a la petrolera estatal acceder y pagar el crédito hasta diciembre de 2028.

La admisión de la demanda es un paso crucial en el proceso judicial y marca el inicio de un análisis sobre la legalidad del decreto. El TC ha establecido que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días hábiles para responder a la demanda. La fecha de la audiencia pública se fijará posteriormente, donde ambas partes podrán presentar sus argumentos.

El Colegio de Abogados de Arequipa argumenta que el DU 013-2024 vulnera principios constitucionales, al no cumplir con los criterios de excepcionalidad e imprevisibilidad necesarios para la emisión de decretos de urgencia. Walter Gutiérrez, abogado de la causa, sostiene que la crisis financiera de Petroperú es estructural y conocida desde hace años, por lo que no puede considerarse inesperada. Además, expertos constitucionalistas han señalado que la emisión repetida de este tipo de decretos para rescatar a la petrolera estatal ha desnaturalizado un mecanismo que debería aplicarse solo en casos de emergencia real.

La demanda también busca evitar que se establezca un "régimen permanente de subsidio estatal vía decreto" para Petroperú. Según el Colegio de Abogados, permitir la emisión de DU en problemas estructurales equivaldría a convalidar una urgencia autoinducida por el gobierno. La situación financiera de Petroperú es preocupante, con pérdidas operativas y una deuda que supera los 8.000 millones de soles, lo que resalta la necesidad de un pronunciamiento del TC para proteger los recursos públicos.

Con la admisión de la demanda, el siguiente paso es que el Procurador del Poder Ejecutivo responda a la acción dentro del plazo legal. La resolución del tribunal determinará si el DU 013-2024 cumple con los criterios constitucionales de excepcionalidad y necesidad. Este debate no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas y políticas, ya que podría establecer un precedente sobre el uso de decretos de urgencia en situaciones financieras estructurales.

En otro contexto, Petroperú ha completado la recepción de un millón de barriles de crudo Oriente provenientes de Ecuador, en una operación realizada en el Terminal Portuario Bayóvar. Esta compra forma parte de su plan de optimización de adquisiciones, diseñado para reforzar el abastecimiento energético y consolidar su posición en el sector de hidrocarburos del Perú. El cargamento fue transportado por el buque tanque Lord Byron 21, asegurando la continuidad del suministro y la eficiencia en la distribución de combustibles a nivel nacional.