El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, disponiendo la suspensión de las investigaciones fiscales en curso contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato.

La resolución del máximo intérprete de la Constitución fue aprobada en el pleno con base en el informe elaborado por el magistrado Pedro Hernández Chávez.

En el documento, se establece que la actuación de la Fiscalía de la Nación , así como las resoluciones judiciales que permitieron la continuidad de las pesquisas, no se ajustaban al marco constitucional previsto en el artículo 117 de la Carta Magna .

Dicho artículo precisa los supuestos por los que un jefe de Estado puede ser acusado durante el ejercic

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