El congresista Edward Málaga ha presentado una moción para que el primer ministro Eduardo Arana explique la reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esta solicitud se fundamenta en artículos de la Constitución Política y el Código de Ética de la Función Pública, que exigen criterios de idoneidad y transparencia en los cargos públicos, especialmente en el ámbito de la justicia.

Juan José Santiváñez asumió el cargo el 23 de agosto de 2025, solo cinco meses después de haber sido censurado por el Congreso durante su gestión en el Ministerio del Interior. La censura se basó en cuestionamientos sobre su liderazgo y capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. Además, la moción destaca que Santiváñez enfrenta investigaciones fiscales y tiene una medida judicial que le impide salir del país, lo que genera inquietudes sobre su idoneidad para el nuevo cargo.

La moción de Málaga plantea que la designación de Santiváñez podría interpretarse como un intento de protegerlo mediante el antejuicio político. El Parlamento busca evaluar la legalidad de su elección y determinar si cumple con los criterios de idoneidad y transparencia. En el documento se solicita información sobre el procedimiento seguido para su nombramiento, los criterios técnicos y éticos aplicados, y la evaluación de riesgos judiciales y reputacionales.

Además, se requiere información sobre si existían investigaciones o medidas judiciales en su contra al momento de su nombramiento y cómo esto podría influir en el sector Justicia. También se pide el expediente completo de la propuesta formal, informes de idoneidad y verificación de antecedentes.

Entre los puntos clave de la moción, se exige que el presidente del Consejo de Ministros explique la justificación de la designación de un exministro censurado, ya que esto podría desvirtuar el control político del Congreso. También se solicita un análisis comparativo de antecedentes similares y el impacto potencial de las investigaciones fiscales en el desempeño del Ministerio de Justicia.

En el ámbito de políticas públicas, la moción pregunta sobre la hoja de ruta de Santiváñez para fortalecer la defensa pública y la política penitenciaria. Se requiere el Plan de 100 días del MINJUSDH y los indicadores de gestión, así como la postura oficial respecto a tratados internacionales.

La moción será evaluada una vez que termine la semana de representación del Congreso, y se discutirá en el Pleno para decidir si se aprueba la invitación al primer ministro Eduardo Arana.