El Gobierno de Colombia ha anunciado un aumento significativo en la capacidad de protección para congresistas y precandidatos presidenciales de cara a las elecciones nacionales de 2026. Altos funcionarios del gobierno han detallado un refuerzo en las estrategias de seguridad, asegurando que se brindarán garantías institucionales a quienes participen en la próxima contienda electoral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que existen “garantías reales” para los participantes del proceso electoral. Esto se logrará mediante la implementación de más recursos y una mejor coordinación interinstitucional para la protección de los actores políticos. Actualmente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene bajo su resguardo a 194 personas, con 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección disponibles.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el personal encargado de la protección electoral se ha duplicado, pasando de 229 a 520 efectivos, que incluyen tanto policías como miembros de la UNP. “Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, ya hemos articulado la seguridad en regiones para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad”, indicó Sánchez.

Las entidades de seguridad han desplegado 6.351 policías adicionales y 96 pelotones, equivalentes a 3.000 miembros del Ejército Nacional, para garantizar la protección en eventos públicos y recorridos de campaña política. Hasta el momento, los precandidatos han realizado actividades en 24 departamentos sin que se hayan registrado incidentes en su seguridad personal, según informes institucionales.

Sin embargo, la situación de seguridad ha sido objeto de análisis constante, especialmente tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay durante un evento proselitista, lo que ha reavivado las preocupaciones sobre la efectividad del sistema de protección a figuras políticas. El Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (CORMPE) se encarga de hacer un seguimiento permanente y coordinar entre los organismos responsables, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la UNP.

A pesar del aumento en personal y recursos, representantes de partidos de oposición e independientes, como liberales, conservadores, Partido de la U y Centro Democrático, han expresado su insatisfacción con las condiciones actuales. Estos grupos han manifestado que no cuentan con garantías suficientes para realizar su actividad política y han decidido no participar en la Comisión de Garantías Electorales, citando una falta de confianza tras el atentado que cobró la vida de Uribe Turbay.

Ante estas preocupaciones, el ministro del Interior reiteró que la prioridad institucional es “asegurar garantías reales para todos los participantes del proceso electoral”. Además, las autoridades del Ministerio de Defensa han indicado que se mantiene la coordinación regional, con dispositivos activos para la protección de las campañas en todo el país. Los protocolos de seguridad están sujetos a revisión y ajustes continuos a medida que se acerquen las fechas clave del calendario electoral.

Según cifras oficiales, la UNP y la Policía Nacional mantienen contacto permanente con los equipos de campaña para monitorear nuevas amenazas y permitir ajustes inmediatos a los niveles de protección asignados a cada candidato, congresista o aspirante. El proceso electoral de 2026 representa un desafío para el sistema de seguridad, dado el antecedente de actos violentos y las demandas de garantías por parte de los diferentes sectores políticos. Las autoridades defienden que actualmente cuentan con mayor capacidad operativa y logística para la protección de los aspirantes a cargos públicos, previendo controles adicionales y nuevas evaluaciones en las próximas semanas, especialmente en departamentos y zonas de especial vigilancia.