Los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro enfrentan momentos críticos. Este martes, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, presentarán el proyecto de decisión sobre la investigación por violación de topes y financiación prohibida de la campaña que llevó a Petro a la presidencia.

Una fuente del tribunal reveló que el proyecto busca sancionar al gerente de la campaña, Ricardo Roa, a la auditora María Lucy Soto Caro y a la tesorera Lucy Aydeé Mogollón. A pesar de que Mogollón alegó que Roa la separó de sus funciones, se prevé que también reciba sanciones administrativas. Además, se responsabilizará a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.

La investigación indica que la violación de los topes electorales asciende a cerca de 3.000 millones de pesos, con 2.500 millones registrados en la primera vuelta de mayo de 2022 y 500 millones en la segunda. Esta cifra es inferior a los 5.355 millones mencionados en el pliego de cargos de mayo de 2024.

Los magistrados han considerado las pruebas presentadas por los defensores, pero no han logrado desvirtuar los cargos. En cuanto al uso de un avión comercial de Daily Cop, que transportó a Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, no se pudo establecer con certeza su uso en la campaña.

Ómar Hernández, vinculado a Daily Cop, afirmó que se acordó una suma millonaria para la compra de la aeronave, pero no presentó pruebas. Además, no se pudo contactar a Carlos Eduardo Restrepo, representante de Sadi, quien está en prisión en EE.UU.

El CNE podría sancionar económicamente a Roa, Mogollón y Soto, así como a los partidos involucrados, obligándolos a devolver más de 3.500 millones de pesos al Estado. También se les exigiría devolver 150 millones de pesos por el alquiler del Movistar Arena, pagado por Roa y otra persona jurídica.

El tribunal electoral argumenta que el evento no puede considerarse un gasto de campaña, ya que ocurrió horas después de las elecciones. Además, se contempla la posibilidad de remitir el caso a la Fiscalía por presuntas mentiras de Roa.

La investigación no ha caducado, a pesar de que algunos investigados creen que debería haber terminado. Los magistrados argumentan que el proceso se ha extendido debido a varias recusaciones y a la consulta sobre las facultades del CNE.

El debate jurídico se intensificará en los próximos meses, ya que los magistrados cercanos a Petro podrían intentar retrasar la investigación. El CNE, compuesto por nueve magistrados, necesita al menos seis votos para tomar decisiones.

Esta investigación, que ha durado casi dos años y medio, es la primera de su tipo en Colombia por violación de topes electorales. El país estará atento a la decisión final del CNE, que se espera en los próximos días.