A menos de un año para que Gustavo Petro finalice su mandato como presidente de Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con las investigaciones por presuntas violaciones a los topes de financiación de su campaña en 2022. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada han llevado a cabo una indagación que se extiende por más de dos años, resultando en un proyecto de resolución que se presentará ante la Sala Plena del CNE el próximo 26 de agosto.

La investigación concluye que la campaña presidencial de Petro superó los topes de financiación, alcanzando un monto que podría sobrepasar los 3.500 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta. Este hallazgo ha llevado a la propuesta de sanciones administrativas para Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de campaña, así como para otros directivos y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.

El proyecto de resolución, que cuenta con casi 600 páginas, genera expectativas sobre la postura del tribunal electoral. La decisión final dependerá de la correlación de fuerzas entre dos bloques de magistrados: uno vinculado al Pacto Histórico, con cuatro miembros, y otro con cinco magistrados que no pertenecen a este espectro político. Este último grupo, compuesto por Álvaro Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz, será clave en la definición de la ponencia sancionatoria.

Dado que se requieren al menos seis votos para aprobar decisiones en el tribunal, se prevé la necesidad de designar conjueces, ya que la magistrada Alba Velásquez no podrá participar en la discusión ni en la votación debido a recusaciones por haber actuado como testigo electoral en la campaña de Petro.

En el cuerpo de la ponencia, los magistrados del Centro Democrático y del Partido Liberal han solicitado una sanción económica significativa para el actual presidente de Ecopetrol y han pedido que se remitan copias a la Fiscalía General de la Nación. Además, se ha informado que los magistrados han excluido los costos de los vuelos polémicos que utilizó Gustavo Petro, pero sí han incluido aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) y de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), así como análisis de pruebas sobre los aportes del partido Polo Democrático y una factura de Caracol Televisión.