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El anuncio de la cancelación del contrato de escaneo de carga en el Puerto de San Juan abre un nuevo frente de debate: ¿deberá el Gobierno pagar una tarifa millonaria de terminación anticipada?

El acuerdo original firmado en 2009 entre la Autoridad de los Puertos y la empresa Rapiscan Systems —cuyo costo superó los $168 millones— incluye una cláusula de terminación anticipada . Según el documento, si la Autoridad decidía poner fin al contrato antes de su vencimiento debía pagar al operador una tarifa calculada con base en los ingresos anuales generados por los servicios, multiplicados por un período que varía de 24 a 48 meses, dependiendo de cuántos años quedaran vigentes en la relación contractual.

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