Vivir en un conjunto residencial implica contar con beneficios como seguridad, mantenimiento de zonas comunes y servicios compartidos.

Sin embargo, también exige el cumplimiento de obligaciones económicas a través del pago puntual de las cuotas de administración.

En Colombia, l a legislación determina en qué momento estas deudas dejan de ser exigibles judicialmente, bajo qué condiciones se interrumpe ese plazo y cuáles son las sanciones que puede aplicar la administración en caso de incumplimiento.

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El Código Civil establece los plazos generales de prescripción de las acciones. Según la normativa, “la acción ejecutiva prescribe en cinco (5) años y la ordinaria en diez (10) años”.

Esto significa que, en proceso

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