El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se encuentra en medio de una intensa investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, que podría tener graves consecuencias. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada han presentado una ponencia que concluye que la campaña violó los topes de financiación establecidos por la ley, superando los 3.500 millones de pesos. Esta investigación se ha prolongado durante más de dos años y ha generado un expediente de casi 600 páginas.

La ponencia, que fue radicada ante la Sala Plena del CNE, propone sanciones administrativas para Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña, así como para otros directivos y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. La decisión final sobre la aceptación de esta ponencia recaerá en la sala plena del CNE, donde se espera un intenso debate jurídico.

El CNE está compuesto por nueve magistrados, de los cuales ocho podrán votar, ya que Alba Lucía Velásquez ha sido recusada por haber actuado como testigo electoral en la campaña de Petro. La correlación de fuerzas en el tribunal es crucial, ya que se requiere un mínimo de seis votos para aprobar cualquier decisión. Actualmente, hay un bloque de cinco magistrados que se oponen a la campaña de Petro y un bloque de cuatro que están alineados con el Pacto Histórico.

La situación se complica aún más debido a las recusaciones presentadas por los abogados de los directivos de la campaña, lo que podría dilatar el proceso y llevarlo a la caducidad. Se prevé que la votación sobre la ponencia se realice el 11 de septiembre, aunque los abogados de la campaña intentarán retrasar la decisión.

Además de las sanciones administrativas, la ponencia incluye la remisión del caso a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que podría dar lugar a investigaciones adicionales sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. Este caso marca un precedente en la historia política de Colombia, ya que es la primera vez que una investigación de esta magnitud llega a instancias del CNE contra un presidente en ejercicio.