En política, la memoria es indispensable para comprender los actos presentes. Hoy, Fernando Rospigliosi exige la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, acusándolo de aplicar ilegalmente control difuso, como si la historia no pesara sobre él.

Su nombre está asociado al “Arequipazo”, aquel levantamiento popular de 2002 en Arequipa contra la privatización de Egasa y Egesur.

Rospigliosi, entonces ministro del Interior, impulsó decisiones que desembocaron en represión, muertos y decenas de heridos.

El mismo patrón se repite: descalificar voces contrarias, criminalizar acciones legítimas y negar el derecho de protesta o defensa. Hoy, acusa a un juez por un acto discutible, pero enmarcado dentro de competencias jurisdiccionales.

El mensaje es claro: quienes ayer minimizaron y rep

See Full Page