Siete consejeros regionales, junto al diputado Juan Irarrázaval, han expresado su preocupación por la gestión del gobernador en relación a los proyectos financiados con recursos destinados al transporte público. Según estos consejeros, el gobernador estaría intentando modificar los destinos de estos fondos, lo que ha generado un intenso debate en la región.

Desde la gobernación, se ha respondido a estas acusaciones afirmando que "no ha habido ejecución de recursos debido a cambios legales que limitan el uso del Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional". Esta situación ha llevado a un enfrentamiento entre las autoridades regionales y el gobierno local, con implicaciones significativas para la planificación y ejecución de proyectos de transporte en la zona.

Los consejeros regionales y el diputado Irarrázaval insisten en que es crucial mantener la transparencia en el uso de estos fondos y asegurar que se destinen a los proyectos originalmente previstos. La controversia continúa, mientras los ciudadanos esperan una resolución que garantice la correcta utilización de los recursos públicos.