El centro de detención migratoria conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades de Florida, continuará operando tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito. Este tribunal bloqueó temporalmente la orden de un juez que exigía su cierre inmediato, lo que marca un nuevo capítulo en el debate sobre la inmigración y el medio ambiente en el estado.

La decisión del tribunal se considera un respiro para el gobierno estatal. En su fallo, los jueces argumentaron que el funcionamiento del centro es de "interés público" y que su cierre podría llevar al sistema de detención a un punto crítico, incapaz de manejar el flujo actual de inmigrantes. La orden de cierre, emitida por la jueza Kathleen Williams, queda en pausa hasta que se resuelva la apelación en curso.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la decisión en redes sociales, calificándola como una "victoria jurídica y política". "¡Victoria asegurada contra el juez activista que me despreció!", escribió. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis reafirmó que "Alligator Alcatraz permanece abierto para negocios" y que la misión de controlar la inmigración seguirá sin interrupciones.

Inaugurado en julio, "Alligator Alcatraz" ha sido objeto de críticas por ser considerado una "cárcel improvisada" en un área ecológicamente sensible. Sus detractores, incluidos grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, argumentan que la instalación amenaza los humedales de los Everglades y viola derechos culturales de comunidades indígenas. Los expertos advierten que su operación podría tener consecuencias irreversibles para el ecosistema, ya afectado por el cambio climático.

El caso de "Alligator Alcatraz" no solo es un asunto local, sino que se enmarca dentro de la estrategia migratoria del expresidente Donald Trump, que ha sido adoptada por el gobierno de DeSantis. La permanencia del centro se ha convertido en un símbolo de las políticas migratorias estrictas, mientras que organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones inhumanas en su interior, incluyendo hacinamiento y falta de atención médica adecuada.

Desde su apertura, el centro ha enfrentado múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Testimonios de detenidos revelan condiciones deplorables, como infestaciones de mosquitos y alimentos en mal estado. Además, se han reportado casos de detención de menores junto a adultos, lo que ha generado indignación.

A pesar de la decisión del tribunal, el futuro de "Alligator Alcatraz" sigue en disputa. La apelación determinará si la suspensión es definitiva o si se reactivará la orden de cierre. La presión de activistas y comunidades indígenas continúa, manteniendo viva la controversia sobre la legalidad y legitimidad de la instalación. La situación de los migrantes detenidos en el centro refleja una crisis que va más allá de la política local, convirtiéndose en un termómetro del debate nacional sobre inmigración, derechos civiles y protección ambiental en Estados Unidos.