Los consejeros 'populares' critican la falta de diálogo de Vivienda pero se emplazan a una nueva reunión la próxima semana para volver a abordar el nuevo Plan Estatal, dotado con 7.000 millones de euros

El reto del Gobierno con la vivienda: solo uno de cada cinco nuevos pisos es protegido

El Gobierno ve más cerca un acuerdo en torno al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con las comunidades, pese a las quejas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, tras la Conferencia Sectorial mantenida este jueves. A las puertas del encuentro, el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ejerció de portavoz de sus colegas para afear a la ministra Isabel Rodríguez “falta de lealtad” y “unilateralidad” a la hora de trazar la estrategia, pero fuentes ministeriales perciben un cambio de tono en público y en privado. De hecho, los equipos se han emplazado a una nueva reunión la próxima semana para “buscar el consenso” en torno a “algunas diferencias sobre aspectos concretos”. “No te vuelves a reunir, si no quieres acordar nada”, indican estas voces.

Suárez-Quiñones criticó el “autoritarismo” del Gobierno a la hora de elaborar el plan. El de las formas fue un argumento que esgrimieron varios consejeros en la reunión, pese a que la ministra había indicado minutos antes de la reunión que es “rotundamente falso” que no se haya hablado con ellas. Rodríguez señaló que, la de este jueves, es la sexta Conferencia Sectorial en dos años, que el Plan Estatal se incorporó en la agenda de la Conferencia de Presidentes, “al máximo nivel”, y que se han mantenido reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas. “Les diré más, la semana pasada hemos mantenido una reunión (multilateral, a nivel técnico)”, indicó a preguntas de los periodistas.

En una entrevista en Onda Cero este miércoles, Rodríguez llegó a enumerar las incorporaciones al plan que habían surgido a raíz de algunas de esas conversaciones. “Hemos incorporado propuestas de La Rioja para atender los cascos históricos y la rehabilitación de viviendas en los mismos; propuestas de Baleares con incentivos a la movilización de vivienda; propuestas de Extremadura para atender la vivienda en el medio rural; propuestas de Andalucía para movilizar viviendas a través de la rehabilitación”, indicó.

Además, fuentes ministeriales indican que se han atendido otras dificultades, relacionadas con la cofinanciación que exige Vivienda y que algunas comunidades tenían problemas para afrontar con los presupuestos de 2026. En concreto, una de las líneas rojas del Gobierno central es que aumenten los presupuestos, pero también la cofinanciación. De los 7.000 millones previstos para el Plan, el Ministerio afrontará el 60% y las comunidades el 40% —frente al 75-25% del plan anterior—, a partir de 2027. El Estado central asumiría el 100% de la inversión el primer año.

Con las cuentas de Vivienda, Andalucía sería la comunidad que mayor dotación recibiría, unos 1.200 millones de euros. Son 876 millones más que en el plan anterior, previo a la Ley de Vivienda que permite al Ejecutivo planificar y condicionar esos fondos. La Junta tendría que aportar el 40% del total, lo que supondría un esfuerzo extra anual de 81 millones de euros. La siguiente sería Madrid, con 1.113 millones, y un esfuerzo extra de 75.

Casi todas las comunidades experimentan incrementos del 373%, salvo Asturias, con un 410% más; Murcia, con el 606% más; y Catalunya, que se queda con el 187% más, al ser la única que ya cofinanciaba al 40%. Euskadi y Navarra están fuera del plan, por su sistema propio de financiación.

“Posibilidad de llegar a un acuerdo”

Aunque el plan ha contado con el respaldo de los gobiernos socialistas, los consejeros populares han mostrado reticencias a la salida de la reunión, como la consejera andaluza, Rocío Díaz, que ha hablado de “falta de diálogo”; la valenciana Susana Camarero, que ha pedido “negociación, financiación adecuada, medidas realistas y un plan integral contra la ocupación e inquiocupación, que no aparece en el borrador” y que, según fuentes consultadas, no se puso sobre la mesa en la reunión de este jueves por parte de las consejerías; el aragonés Octavio López, que ha rechazado “imposiciones”; o la gallega, María M. Allegue, que lamentó la “falta de participación de las comunidades”.

El consejero madrileño, Miguel Ángel García, afirmó que trasladaría en la reunión un “no rotundo” al Plan. Pero ese “no” se ha traducido en una reunión la próxima semana, ante la que el Ministerio se muestra optimista. “Se ha constatado la posibilidad de llegar a un acuerdo”, insisten desde Vivienda.

Además de triplicar los fondos destinados a políticas públicas de vivienda y aumentar la cofinanciación, el Ministerio tiene otros dos requisitos para que las comunidades se sumen a su plan y puedan obtener cuantiosos fondos para esta materia: aportar mayor transparencia al sistema, con datos que permitan tener registros públicos de alquileres para no depender de informes privados, y que las viviendas construidas con los recursos públicos de esta estrategia lo sean para siempre, al margen de las que las propias comunidades construyan con sus fondos propios. Fuentes ministeriales señalan que esta última política es la que se sigue en otros países europeos, que han podido atesorar un mayor parque público, frente al exiguo 3,4% español. “Si con una mano construimos y con la otra vendemos, no vamos a tener parque público jamás”, justifican estas fuentes.

La propia Rodríguez admitía que “uno muestra la voluntad de acuerdo cuando es capaz de contener sus posicionamientos de máximos”. “Hago un ejercicio de contención, porque cuando uno quiere llegar a un acuerdo, guarda las formas en las que se expresa”, afirmó. Voces próximas van más allá: “Si quisiéramos ir al choque, diríamos que no damos el dinero si no declaran zonas tensionadas, pero no estamos haciendo eso”. De hecho, el Gobierno ya no está en esa pantalla y reclama esa cofinanciación, transparencia y que el parque público lo sea a perpetuidad, algo a lo que se resisten algunas comunidades. “”Al margen de estas tres cosas, todo se puede hablar, pero no vamos a dar dinero para hacer viviendas y que en diez años se vendan por el triple“, se muestran firmes desde el ministerio.

Hay factores que podrían jugar a favor del acuerdo. Por ejemplo, que adherirse al plan no implica una foto de grupo, porque tras su paso por el Consejo de Ministros, en diciembre, las comunidades podrán perfilar sus propios acuerdos con el Ministerio. Sin embargo, rechazarlo supone una perdida de fondos para hacer frente a la principal preocupación de la ciudadanía, según el CIS, que tampoco daría al PP una imagen que escenifique una nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo, porque el plan no tiene que pasar por el Congreso.

Con todo, como explicaba la ministra de Vivienda, en una entrevista con elDiario.es, si finalmente alguna comunidad se queda fuera del plan, el Gobierno tiene “otros instrumentos, como la empresa pública, que va a ser una gran impulsora del parque público de vivienda asequible en nuestro país”. De momento, desde el Ejecutivo evitan hablar de ese plan 'b', convencidos de que es posible llegar a un acuerdo que hoy ven más cerca que hace un par de días. De hecho, este lunes, desde Génova emitieron un comunicado que sorprendió en Vivienda, principalmente por algunas expresiones, como que “la única solución para los jóvenes es tener que mendigar una vivienda pública de alquiler, con subvenciones para pagarla”. “Dentro nadie habla en esos términos y no hay una enmienda a la totalidad”, justifican.