La inhabilitación de dos años dictada por el Supremo termina con la carrera ascendente de un fiscal que, tras dos décadas de trabajo discreto en Galicia, fue recibido en la cúpula del Ministerio Público con la oposición de los sectores más conservadores de la judicatura

El Supremo avala la ofensiva judicial de la derecha y la extrema derecha contra el fiscal general

Álvaro García Ortiz se convirtió esta semana en el primer fiscal general del Estado condenado por un delito penal. A falta de conocer si la decisión del Tribunal Supremo supone su expulsión definitiva de la carrera o únicamente le inhabilita para el cargo de fiscal general, el histórico fallo sí pone fin a un agitado mandato de poco más de tres años al frente del Ministerio Público. García Ortiz llegó a la cúpula de la Fiscalía en el verano de 2022. Su antecesora, Dolores Delgado, había renunciado de forma sorpresiva al cargo por motivos de salud. Y él, que había sido su mano derecha desde 2018, fue su relevo natural. Nacido en Lumbrales, Salamanca, en 1967, había desarrollado durante dos décadas largas una carrera sin sobresaltos en Balears y Galicia hasta que empezó a moverse por los pasillos del poder de la sede central de la Fiscalía en la calle Fortuny de Madrid.

Su aterrizaje fue convulso, lo que daba pistas de lo que iba a ser un mandato repleto de turbulencias y que deja también algunas decisiones controvertidas. El Partido Popular, que ha convertido a la Fiscalía en diana de sus ataques, le recibió con acusaciones de “complicidad y colaboración con ETA” en su comparecencia en el Congreso el 28 de julio de 2022, días después de que el Gobierno lo propusiera para el puesto. El PP arremetió duramente contra él debido al criterio de la Fiscalía sobre la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco para varios exjefes de la banda terrorista.

En paralelo, la derecha mediática lo acusó de ordenar defender la prescripción de ese brutal atentado por razones políticas. Aquella había sido “una decisión en línea con las cesiones del Gobierno a Bildu”, recogió un editorial del periódico El Mundo, que esta semana escribió en otro editorial que García Ortiz urdió “una operación política” para arrollar los derechos del “ciudadano” Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos años después de aquella primera embestida en el Congreso, en octubre de 2024, la Audiencia Nacional declaró prescrito el asesinato para la etarra Anboto y evidenció la falsedad de esa primera campaña. El PP y la prensa que había espoleado sus ataques optaron por el perfil bajo.

Entre los bulos que han tratado de desacreditar la trayectoria de García Ortiz destaca la publicación del diario ABC que afirmaba que se había reunido en secreto con el banquero que impulsó la investigación contra Mariano Rajoy en Andorra. Nunca existió tal reunión. También se le acusó de haber influido en un fiscal del Supremo para que cambiase un informe en el que pedía investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en pleno debate sobre la amnistía. El propio Álvaro Redondo, un fiscal conservador de casi 70 años que ejerció durante los años ochenta en el País Vasco, negó por escrito y reiteradamente que en su decisión hubiera tenido algo que ver el fiscal general.

En plena discusión sobre el olvido penal del procés, el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se remitió a su supuesta “sintonía” con la “campaña de desprestigio” a los jueces en relación al lawfare para no avalar su nombramiento. Era la primera en la historia del órgano de gobierno de los jueces que ocurría algo así. García Ortiz se quejó en el Congreso de que los vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular le sometieron a un “tribunal de honor”. Tiempo después, su respaldo a la ley de amnistía y a su aplicación a todos los delitos profundizó su choque con parte de la cúpula fiscal y elevó el tono contra él por parte de la derecha política, mediática y judicial.

Dentro de la carrera, ha tenido que afrontar también la férrea hostilidad de los fiscales conservadores y de otros enemigos internos, tal y como ha evidenciado el juicio celebrado en las últimas semanas. Los fiscales ‘pata negra’ de Madrid, representantes de la institución en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, vieron en él a un fiscal de provincias sin más méritos jurídicos que ser de la cuerda de Dolores Delgado. Es precisamente en su estrecha relación con Delgado donde algunos ven su principal talón de Aquiles.

Las carreras de ambos se ligaron para siempre en una furgoneta que recorrió cientos de kilómetros por España en 2018 para hacer campaña por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en las elecciones internas de la institución. En aquella campaña también estaba Diego Villafañe, quien ha sido su ‘número dos’ durante su mandato. Dos años después, Delgado acabó siendo nombrada fiscal general en una decisión controvertida porque nunca antes un ministro había dejado la cartera de Justicia para alzarse a la cúpula de la Fiscalía.

En aquellas elecciones internas, García Ortiz fue el fiscal más votado de la historia de la institución, pese a concurrir con el cartel de la UPF, una asociación minoritaria si se compara con la conservadora Asociación de Fiscales. Su asociación ha ido perdiendo fuelle tras perder con claridad las últimas elecciones frente a la Asociación de Fiscales y ceder un representante por primera vez a APIF, una entidad también conservadora que hasta 2022 no tenía representación en el Consejo Fiscal. Años después, la APIF ha acabado ejerciendo la acusación contra él en el juicio y ha reclamado la pena más alta: seis años de cárcel.

La cercanía a Delgado marcó el origen de los dos principales golpes que había enfrentado en su mandato hasta el caso de la pareja de Ayuso. El Supremo anuló dos intentos de ascender a su antecesora a la máxima categoría de la carrera. El alto tribunal decretó que existió desviación de poder y que actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora y no de proveer una plaza cuando la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Tiempo después, el Supremo anuló una segunda tentativa de ascenso de Delgado.

Previamente, cuando era ‘número dos’ de Delgado, se le acusó de alargar artificialmente un expediente interno contra el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que llevaba piezas muy sensibles como el caso Villarejo, donde están acusados clientes del bufete de Baltasar Garzón, pareja de Delgado. La investigación interna quedó en nada cuando ya se había cubierto su plaza por un sustituto. Stampa tampoco recibió ningún apoyo de sus compañeros en el Consejo Fiscal en el que se decidió esa renovación. El nombre de Stampa ha vuelto de forma reciente a la actualidad por su reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez y los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero.

Este asunto también terminó en un revés judicial para García Ortiz en el Tribunal Supremo. Hace menos de un mes la Sala de lo Contencioso-Administrativo condenó al Estado a indemnizar a Stampa con 4.000 euros por alargar de forma “innecesaria” esa investigación contra él a instancias de la Secretaría Técnica que entonces dirigía García Ortiz.

Del Prestige a la Fiscalía General

Antes de su llegada a Madrid en 2020, García Ortiz alcanzó notoriedad en Galicia por ser el fiscal del Prestige, una macrocausa que investigó desde su despacho en Santiago de Compostela enfrentándose a legiones de abogados que defendían al conglomerado empresarial que había detrás del viejo petrolero. Pese a algunas presiones de la Fiscalía, y de un sector del PSOE, García Ortiz rechazó acusar a los altos cargos del Gobierno de José María Aznar responsables de la errática travesía del barco que inundó de chapapote las costas gallegas. Su tesis era que técnicamente esos dirigentes no podían ser acusados porque desde la primera grieta en el petrolero, el daño ya estaba hecho.

Los choques con el PP llegaron después, cuando Feijóo, todavía como presidente de la Xunta de Galicia, empezó a acusar a supuestas mafias y terroristas de prender los montes siguiendo una estrategia que el PP gallego llevaba utilizándolo más de tres décadas. A las decenas de miles de hectáreas que ardían cada verano, el presidente de la Xunta respondía descargando la responsabilidad en las fuerzas de seguridad por no detener a los integrantes de supuestas tramas ocultas. García Ortiz, que era entonces fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, nunca respondió en público a Feijóo. Lo hacían las memorias de la Fiscalía que atribuían los fuegos a causas diversas tras investigar cada gran incendio con equipos especializados de la Guardia Civil y la Policía autonómica.