El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que solicitará al gobierno de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana. González es requerido por su supuesta participación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A través de su cuenta en X, Petro afirmó: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”. Esta declaración surge en medio de la controversia por la permanencia de González en Managua, donde se ha revelado que obtuvo residencia con la supuesta ayuda de la Embajada de Colombia.

La Fiscalía colombiana ha vinculado a González con delitos de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación. Se le acusa de haber orquestado un esquema de corrupción que involucraba el pago de sobornos a congresistas a cambio de apoyo a reformas del gobierno. Según la Fiscalía, González habría solicitado a otros implicados que ofrecieran sumas significativas de dinero a parlamentarios para asegurar su respaldo.

A pesar de las afirmaciones de Petro, la Cancillería colombiana ha negado haber realizado gestiones para facilitar la residencia de González en Nicaragua. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que no existen registros de solicitudes relacionadas con su condición migratoria.

Sin embargo, documentos recientes sugieren que diplomáticos colombianos realizaron gestiones en dos ocasiones para ayudar a González a obtener su residencia. La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también ha declarado que no estaba al tanto de estas gestiones.

La situación de Carlos Ramón González sigue siendo objeto de investigación, y la posibilidad de su extradición dependerá de la respuesta del gobierno nicaragüense. Hasta el momento, no se ha emitido una circular roja de Interpol para su captura internacional, lo que complica su detención fuera de Colombia. La situación se mantiene en desarrollo.