El demandante argumentó que el documento tienen características de tratado internacional, pero no fue aprobado por el Congreso.

La Corte Constitucional admitió la primera demanda que se interpuso contra la zona binacional que creó el Gobierno de Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro con una recompensa de hasta 50 millones de dólares por procesos relacionados con narcotráfico.

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