En medio de la discusión sobre la congelación —y eventual eliminación— del impuesto al inventario, persiste la falta de consenso sobre quién sería el verdadero beneficiado. Aunque inicialmente se argumentó que la medida aliviaría los costos para los consumidores, economistas advierten que, en la práctica, podrían ser precisamente ellos los menos favorecidos por el cambio contributivo.

El economista de Estudios Técnicos, Leslie Adames, sostuvo que el impacto sería particularmente negativo para los municipios y los servicios que estos brindan a los ciudadanos, lo que terminaría afectando directamente al consumidor.

“Forzaría a los municipios a identificar una fuente alterna de ingreso y sabemos que esto podría implicar nuevos cargos o tarifas, lo que obviamente podría incidir adversamente

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