Leire Díez, antigua colaboradora del PSOE y pieza clave en el escándalo de la trama Cerdán, ha desafiado abiertamente a la Comisión de Investigación del Senado negándose a entregar el ya célebre pendrive de 224 gigabytes que contiene información altamente sensible sobre jueces, fiscales, policías y periodistas.  Según publica The Objective, la exdirigente, imputada por tráfico de influencias y cohecho , ha invocado el secreto profesional periodístico , asegurando que el contenido del dispositivo constituye material reservado de carácter informativo , y que entregarlo supondría revelar fuentes confidenciales .

El USB con 51 carpetas explosivas: desde fiscales a periodistas y Villarejo

El pendrive , que Díez entregó el pasado 3 de junio al servicio jurídico del PSOE —y que éste posteriormente trasladó a la Fiscalía General del Estado — incluye 51 carpetas con documentación que, según la exmilitante, recoge “años de trabajo periodístico” . Entre los archivos figuran informes sobre la Operación Cataluña , audios dirigidos al fiscal general del Estado , denuncias contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón , y material comprometedor contra el juez Juan Carlos Peinado , que investiga actualmente a Begoña Gómez , esposa del presidente Sánchez.

También se recogen documentos relacionados con el fiscal José Grinda , el caso BBVA , el entorno de Carles Puigdemont , el expresidente del Barça Sandro Rosell y periodistas y policías próximos al comisario jubilado José Manuel Villarejo . Un archivo de alto voltaje, que según fuentes jurídicas consultadas, puede alterar el equilibrio institucional si se confirma su autenticidad y origen .

Negativa al Senado: escudo legal y respaldo constitucional

El pasado 12 de septiembre , la Comisión de Investigación del Senado, que estudia el caso Koldo , reclamó formalmente el contenido del USB tras la comparecencia de Díez el 8 de ese mes . La exjefa de Relaciones Institucionales de Correos se ha negado rotundamente , alegando que se trata de material protegido por los artículos 20.1.d y 76.2 de la Constitución , el secreto profesional y la libertad de información .

En su escrito, al que ha accedido The Objective , Díez afirma:

“Hago valer mi derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información” , y sostiene que solo cabría su revelación en “supuestos excepcionales previstos por la ley y con las debidas garantías judiciales” .

Cita además la Ley Orgánica 5/1984 , que protege específicamente la cláusula de conciencia y el secreto profesional en sede parlamentaria , y alude a la jurisprudencia constitucional y europea , como la STC 30/2022 del Tribunal Constitucional y el caso Goodwin c. Reino Unido (TEDH, 1996) , donde se establece que la violación del secreto de las fuentes “destruye la confianza” y “coarta la libertad de prensa” .

Reunión con Cerdán en Ferraz: entrega física del pendrive en junio

El encuentro que marca el punto de inflexión en este episodio tuvo lugar el 3 de junio de 2025 . Ese día, Leire Díez acudió a la sede del PSOE en Ferraz para reunirse con Santos Cerdán , entonces secretario de Organización y hoy encarcelado por su papel central en la trama de comisiones ilegales. Durante esa reunión entregó el pendrive . Según testigos, lo hizo en el marco de un “pacto de no agresión” tras darse de baja como militante. ¿Qué contenía exactamente el dispositivo? ¿Qué pactaron Díez y Cerdán? ¿Por qué el partido se lo entregó a la Fiscalía en lugar de custodiarlo?

Una investigación que camina sobre una cuerda legal

Díez sostiene que la documentación tiene un origen estrictamente periodístico y que afecta a personas de todos los partidos . Su argumento de defensa se basa en que el contenido no solo es de interés público, sino también protegido por la doctrina constitucional , al tratarse de información no publicada, materiales de trabajo, comunicaciones privadas, agendas, metadatos, nombres y métodos periodísticos .

El contexto jurídico es complejo. Aunque el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2025 un anteproyecto de ley para reforzar el secreto profesional , este aún no es ley vigente. Sin embargo, para Díez, su existencia evidencia la necesidad de un estándar reforzado de protección , que impida cualquier requerimiento político o judicial sin autorización motivada.

El Senado, atado de manos sin autorización judicial

El presidente de la Comisión de Investigación, Eloy Suárez (PP) , ha reiterado que el pendrive es clave para conocer si Díez usó información confidencial para negociar favores judiciales a cambio de silencio o lealtad política . Sin embargo, la negativa se ampara en el artículo 1.2 de la LO 5/1984 , que impide a las Cámaras reclamar documentos que puedan exponer fuentes o métodos de obtención de información .

Díez, considerada una “fontanera” del PSOE , no oculta su intención de blindarse legalmente. Su estrategia, según fuentes próximas, es provocar una causa sobre el conflicto entre el derecho a la información y el deber de colaboración con el Parlamento , con el objetivo de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la legitimidad de su negativa.